La limitada seguridad en el Área de Influencia de la Red Fluvial Amazónica (AIRFA) es la causa directa de la limitada accesibilidad fluvial para la población, ya que la insuficiente protección de vidas, bienes e infraestructura genera una serie de riesgos que desincentivan el uso del sistema fluvial. Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC, 2025), la falta de seguridad aumenta el riesgo real y percibido, lo que reduce la confianza de los usuarios para movilizarse y usar los servicios ribereños (Fuentes, 2018; Manrique & Hernando, 2024; Urquiaga Flores, 2024). La inseguridad también se manifiesta en la protección de bienes, pues incrementa el riesgo de robos y contrabando, afectando el abastecimiento para actividades productivas (Hausmann, Santos, Tudela Pye, et al., 2020; MINJUS, 2021; MTC, 2025; Peña et al., 2023). Finalmente, la poca protección de la infraestructura fluvial genera daños que limitan la navegabilidad, reduciendo la regularidad y disponibilidad de los flujos de transporte y servicios (MTC, 2025; Valles, 2021). En conjunto, estos factores disminuyen la confiabilidad del transporte fluvial, lo que se traduce en una menor accesibilidad.
Existen diversas evidencias que demuestran la relación entre la limitada seguridad y la poca accesibilidad fluvial. En cuanto a la protección de vidas, encuestas de la DICAPI (2023) indican que el 72% de los usuarios de transporte fluvial en Loreto y Ucayali se sienten inseguros. Esta situación es aún más grave para la población indígena, con 226 defensores en riesgo entre 2010 y 2024 (ORAU, 2024), y 270 comunidades afectadas por el narcotráfico (Amazon Watch, 2025). Además, la falta de seguridad contribuye al aumento de la trata de personas, con tasas alarmantes en zonas como Madre de Dios (INEI, 2023). Respecto a la protección de bienes, la deforestación y la minería ilegal degradan los recursos y los ecosistemas, con la pérdida de 83,000 hectáreas de bosques y la afectación del 45% de comunidades indígenas en Madre de Dios (García Díaz, 2024; MINJUS–INDAGA, 2021). Finalmente, sobre la infraestructura, se han registrado ataques armados a embarcaciones y daños a puertos (DICAPI, 2025) y una antigüedad promedio de 30 años en las instalaciones portuarias de la Amazonía, con un 40% de los muelles con daños estructurales (MTC, 2023). Además, la infraestructura es vulnerable a riesgos naturales, con más del 60% de las instalaciones en zonas de alto riesgo de inundación (SENAMHI, 2023-2025), lo que genera pérdidas y restricciones a la navegación.
