Estudio
La limitada disponibilidad de espacio público ribereño (CD 1) reduce la posibilidad física de abordar y desembarcar personas y bienes, interrumpe la conectividad lateral entre las riberas y los centros poblados y, en última instancia, restringe el uso continuo, seguro y funcional del sistema fluvial. Cuando las riberas carecen de malecones, embarcaderos o plazas adecuadamente planificadas, el río deja de ser un eje articulador de la vida territorial: se encarecen los traslados, aumentan los riesgos operativos y disminuye la frecuencia de los servicios, lo que configura la limitada accesibilidad fluvial al AIRFA como problema público principal (Fuentes 2018; Juárez Nogueira 2022; Valles 2021).
La evidencia empírica confirma la magnitud de esta relación causal. Solo 12 % de las riberas urbanas amazónicas cuenta con espacios públicos habilitados, muy por debajo del estándar internacional del 35 % (MVCS 2023). El 68 % de las ocupaciones ribereñas son informales (INEI 2022) y entre 2015-2022 las ocupaciones no planificadas crecieron 27 % (CEPLAN 2023), lo que reduce aún más las áreas utilitarias peara la población. En paralelo, la minería ilegal ha contaminado más de 30 000 ha de riberas y cauces (Ministerio del Ambiente 2023), afectando la calidad ambiental y la posibilidad de destinarlas a uso público. La infraestructura portuaria es insuficiente: solo 40 embarcaderos cuentan con permiso formal en toda la Amazonía y la mayoría opera sin condiciones mínimas de seguridad (MTC 2023). Estas carencias hacen inseguro o inviable el uso cotidiano del río para transporte, comercio y servicios sociales, consolidando la brecha de accesibilidad fluvial que enfrenta la población amazónica (Urquiaga Flores 2024).
