Estudio
Los elevados costos asociados al uso del AIRFA (tarifas, tiempos de viaje, riesgos operativos e incertidumbre) encarecen y dificultan el traslado de personas, bienes y servicios; por ello, desincentivan el uso frecuente y seguro de los ríos como vía principal de movilidad, especialmente en las comunidades más aisladas (Farrington & Farrington, 2005; Wachs & Kumagai, 1973; Hausmann, 2020). Cuando la demanda se reduce, se genera un círculo vicioso: menos servicios regulares, mayor precariedad logística y, en consecuencia, una accesibilidad fluvial cada vez más limitada para la población del AIRFA, que ve restringido su acceso a salud, educación y mercados (Muci et al., 2020).
La evidencia cuantifica esta relación: en rutas como Iquitos–Santa Rosa el viaje puede tomar hasta 72 horas y costar entre S/ 80 y S/ 200; para las comunidades remotas el tiempo medio al centro urbano más cercano es de 12,6–18,4 horas, frente a un promedio nacional de 3,2 horas, lo que implica costos de oportunidad anuales de S/ 1 250 millones (CEPLAN, 2022; 2023). Durante el estiaje, el consumo de combustible sube 13 %, encareciendo el pasaje en 9,1 % (Córdova y López, 2013). Esta combinación de altos costos, prolongados tiempos de viaje e inestabilidad operativa confirma que la causa directa (CD 2) explica de forma inmediata el problema público de limitada accesibilidad fluvial al AIRFA.
Programas como el ferry de la Amazonía (MTC) y las PIAS han demostrado que, cuando el Estado subvenciona tarifas y reduce tiempos, la demanda aumenta y la conectividad mejora; su éxito ‒más de 450 000 pasajeros atendidos y nuevas rutas en expansión‒ confirma que la accesibilidad depende directamente de abatir estos costos estructurales (Revista Gan@Más 2023; ANDINA 2024; MIDIS 2018).
